viernes, 23 de abril de 2010
Los debates electorales Televisados
martes, 20 de abril de 2010
El mal menor
Muchas son las formas de resolver un problema. Hasta en el más restringido de todos los casos posibles siempre existe una segunda opción. Es fácil escoger una buena en vez de una mala de ellas, sobre todo cuando se diferencian bien ambos casos como tales, así como de aquellas que nos benefician, en tanto en que las opciones que tengamos ante nosotros son todas deseables. Lo difícil es elegir el sacrificio que menos nos molesta, sobre todo cuando se trata del sacrificio de toda una sociedad.
El problema en Valencia es que la ciudad ha vivido siempre "de espaldas" al mar. La solución que se promovió desde el gobierno municipal del PPCV desde los años 90 consistía en prolongar la Avenida de Blasco Ibáñez para que llegara hasta la playa de Las Arenas, en cuya trayectoria se encontraba, entre otros, al barrio de El Cabanyal y El Canyameral. A ambos lados de esta ampliada Avenida quedarían, una vez restauradas, las zonas supervivientes de la barriada del Cabanyal.
Ante un caso tan claro de perjuicio para algunos habitantes de la zona, sin contar con el agravante añadido de que algunos edificios son Patrimonio Histórico, se hace obvio el nacimiento de grupos de protesta, al mismo tiempo que el proyecto cumplía los pasos legales establecidos, entre los que destacaría "Salvem el Cabanyal". Ésta sería una organización social que tendría como finalidad la de evitar la demolición de edificios en el Cabanyal y que, posteriormente, ha sufrido un claro giro hacia una protesta más politizada.
Según un amigo que tengo en Valencia, y gracias al cual he conseguido, además de mucha de la información que he utilizado para hacer el texto que leen, una visión mucho más profunda del asunto- así como también de muchas otras cosas desde que lo conozco-, la realidad política de la Comunidad en la que se inscribe la ciudad a la que me refiero siempre ha estado condicionada por el enfrentamiento político más que por la unión en torno a un objetivo común que sirviera para alcanzar un beneficio social compartido. De esta forma, las más insignificantes propuestas a cualquier nivel han podido quedar paralizadas en el proceso de su puesta en marcha a causa de la constante confrontación entre las diferentes fuerzas del espectro político. Sería como el reflejo de la misma triste realidad que se puede ver en el panorama político nacional.
Quizá el mal menor sea un fruto demasiado jugoso como para apartar la mirada de él para unos, tanto como lo es para otros tener la oportunidad de atacar al contrario. Es importante que en problemas que afectan a algunos ciudadanos se llegue siempre a una solución de conveniencia pactada con cesiones por ambas partes. En mi opinión, el bien común debe de beneficiar a la sociedad en su conjunto, pero debe de tratar siempre de forma especial a los menos favorecidos- consecuentemente mucho más a los más desfavorecidos-. El PPCV ya lo ha intentado a través del programa de rehabilitación que necesita la zona, pero la guerra particular que se manifiesta por la influencia de las relaciones entre los partidos políticos ha silenciado la cesión, por otro lado propuesta de forma unilateral. El negocio bilateral de las condiciones es la única opción que debe de estudiarse ahora. Guste más a unos o guste mucho menos a otros.
sábado, 17 de abril de 2010
El síndrome de la Histeria Compartida
El terrorismo y la violencia de género o la pederastia son ámbitos ante los que la opinión pública responde con una sensibilidad mayor respecto de otros conflictos sociales. Por esa misma razón, se muestra una repulsa total ante la más mínima sospecha de que se esté dando cualquiera de los casos citados, hasta el punto de que existen colectivos y asociaciones especialmente sensibilizados que se dejan empujar por la histeria y la sinrazón que condenan la sospecha como si ésa fuera la prueba máxima de su culpabilidad.
En el caso concreto del ‘Euskaldunon Egunkaria’- un diario publicado en euskera que fue clausurado por el juez Juan del Olmo en 2001 por su presunta integración con ETA y ante el que la fiscalía no presentó ninguna prueba-, el ámbito informativo es el del terrorismo, y las acusaciones que intentan sostenerse sin ningún fundamento y que rechazan la realidad que emana de las investigaciones de las autoridades acerca de la ausencia de relación entre el medio y la banda terrorista ETA, las defienden la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo) y Dignidad y Justicia. El problema, en mi opinión, no es el de que una asociación tan sensibilizada con la tema, como lo es un colectivo de víctimas, repruebe a todo aquél que puedan poner en el punto de mira de las sospechas- aunque se hagan sin pruebas, como es el caso-. De hecho, y a pesar de pueda parecer un tópico, no creo que sea descabellado pensar que la pérdida de un ser querido puede llegar a sustituir la calma por el dolor y la lógica por el deseo de venganza. Por esa razón, no hay que mesarse los cabellos cuando vemos a la AVT pedir penas de 14 años contra inocentes, sino que debemos de rasgarnos las vestiduras cuando un juez como Juan Del Olmo se deja contagiar por la histeria colectiva y condena a un medio de información como si se tratara de una empresa cualquiera con una pena que se impone a cualquier habilitación constitucional directa o norma legal que la autorice.
¿Qué ha permitido que se cierre un medio durante 7 años sin ningún tipo de prueba que lo relacione con la banda terrorista? La preocupación y sensibilidad social asimilada por las instituciones del ordenamiento jurídico de este país.
No nos olvidemos, por otra parte, de que la conciencia ante un tema tan delicado como puede ser el terrorismo, es muy importante. Un tema especial requiere un tratamiento especial, y así está recogido en las legislación española. Por esa misma razón, y a causa de que las consecuencias jurídicas no son las mismas que las que se disponen para un delito “normal”, el cuidado y el rigor con los que se tienen que trabajar sobre dicho supuesto deben de ser también especiales, para no llevar a engaño o alimentar aún más la preocupación social. De esta forma, la justicia española se evitará obtener la fama que ha logrado el periodismo- diría que mundial- acerca de crear una noticia de donde no hay realmente nada de nada.