El Gobierno e Internet

Con motivo de la aprobación del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible se ha mantenido una polémica acerca de lo recogido en la primera disposición final de la misma y que modifica la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para proteger la propiedad intelectual frente a la piratería en Internet. Este punto, que no estaba incluido inicialmente y que sorprendió a todos el pasado lunes día 30 de noviembre, contiene en esencia la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual que está facultada para mediar y arbitrar con decisiones de carácter vinculante para las partes implicadas- asociaciones de usuarios o titulares de derechos de propiedad intelectual- que pueden anticiparse a cualquier tipo de intervención judicial. Como se puede leer en la Ley, ésta no implica directamente el reconocimiento de la capacidad de cerrar páginas web a su antojo en contra del derecho de expresión, sino tan sólo su función para asegurar la “salvaguarda de los derechos de propiedad en Internet”. El mismo Presidente del Gobierno se afanaba en repetir en las últimas ruedas de prensa a las que ha asistido “aclararemos lo que haya que aclarar” a este respecto. Si bien viéramos aparecer la duda, podría ser tan sólo el reflejo del miedo que nos asalta a que todo lo que tenemos ahora y de lo que ya nos hemos acostumbrado desaparezca. ¿Quiénes si no hicieron y se hicieron- o nos hicimos- eco del manifiesto por los Derechos Fundamentales en Internet?

El caso es que más de alguno sospecha que este punto negro del anteproyecto de Ley es una nueva concesión al gran concedido en materia de Derechos de autor: la SGAE u otras asociaciones de autores y sus acólitos. El caso es que podríamos repasar en un viaje hacia atrás toda la sucesión de reglamentos que han buscado satisfacer por completo las peticiones pecuniarias y otros tipos de reconocimientos no menos importantes de estas congregaciones artísticas. La Ley en la que se plasman estos derechos de autor es la Ley de Propiedad Intelectual y data de 11 de noviembre de 1987; aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/1996, con varias modificaciones posteriores como la de la Ley 5/1998 y las Leyes 19 y 23/2006. Sin embargo, la introducción reglamentaria más conocida y menos popular es la implantación del conocido Canon o la remuneración compensatoria por copia privada. También se introdujo junto a la Ley de Propiedad Intelectual en 1987 y se ha ido incrementando y ampliando en su aplicación como un impuesto sobre objetos con capacidad de reproducir obras sujetas a derechos de autor, como los CD y DVD vírgenes el 1 de septiembre de 2003 o la reforma de diciembre del 2007 que incluyó grabadoras, discos duros, teléfonos móviles, memorias USB, impresoras, tinta y escáneres. Estos cobros se efectúan a través de órganos de gestión colectiva como la SGAE, AID y AGEDI; encargados de personificar los intereses de los autores españoles como si fueran sus intereses mismos. Podía afirmarse que sus exigencias- y las que se supone que son las que necesita la creación intelectual de nuestro país- estaban satisfechas, a pesar de que vulneraran diferentes disposiciones como la de la presunción de inocencia de los usuarios de grabadoras, DVD o reproductores MP3- con diferentes funciones a las de reproducir objetos bajo los derechos de autor- por lo que varias asociaciones ya han recurrido por vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. Por otro lado, el reparto del dinero recaudado se reparte entre los autores y propietarios de las obras según un criterio de “importancia” establecido por la misma SGAE, que no coincide con otros valores como son los de difusión, audiencia, etc.

En mi opinión, es curioso que esta situación de “tira sin afloja” se perpetúe a pesar de los múltiples esfuerzos del gobierno. No es posible pretender la necesidad de la creación de un organismo que sea la salvaguarda de la producción intelectual frente a la piratería en Internet, si para paliar esta situación está articulada una remuneración compensatoria. Tal vez el único problema que choca en esta situación para mí sea que algunos particulares o colectivos se estén lucrando a través de la utilización de determinados programas en Internet (Spotify, Megavideos, etc), cosa que no debería de estar sucediendo, puesto que es ilegal, según se regula en la Ley de Propiedad Intelectual. Pero para eso no es necesaria la creación de una comisión especial, sino el cumplimiento de las consecuencias jurídicas ante este tipo de situaciones y la puesta en efecto de los reglamentos recogidos por la legislación vigente.

Los derechos fundamentales del artículo 20 de nuestra Constitución incluyen, como es evidente, tanto a los creadores de la producción intelectual de nuestro país como a los consumidores. Por eso, el reglamento de la Comisión de Propiedad Intelectual del artículo 158 dice que “para el ejercicio de su función de arbitraje, el procedimiento y composición de la Comisión, teniendo derecho, en todo caso, a formar parte de la misma, en cada asunto en que intervengan, dos representantes de las entidades de gestión y otros dos de la asociación de usuarios o de la entidad de radiodifusión”. En consecuencia, finalmente quería concluir que el anteproyecto de esta nueva ley de Economía Sostenible no podía recoger, a mi modo de entender, con mayor acierto unas medidas que respetan el espíritu de los derechos fundamentales de todos, sin que por ello tenga alguna coherencia su aplicación real.

Imágenes: Foto personal de Zapatero y el logo de la asociación que todos amamos.